La senadora Cristina López acusó a la seguridad del Congreso de agresiones tras el cierre de su despacho ordenado por Victoria Villarruel
La legisladora fueguina denunció lesiones y amenazas luego de un violento forcejeo al intentar ingresar a su oficina, que había sido clausurada y fajada. Acusó a la Vicepresidenta de persecución política por haber jurado por los “30.000 desaparecidos”.
Un conflicto institucional estalló este lunes en el Senado de la Nación, derivando en una denuncia penal por lesiones, amenazas y agresiones sexuales contra el personal de seguridad de la Cámara Alta. La presentación judicial fue realizada por la senadora de Tierra del Fuego, Cristina López, quien relató haber sido víctima de un violento ataque físico por parte de custodios que responden a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando intentaba recuperar sus pertenencias de un despacho que había sido clausurado.
El incidente se produjo cuando la legisladora, acompañada por un cerrajero, intentó acceder a su oficina para retirar objetos personales, entre ellos su computadora, dado que la puerta había sido bloqueada durante el fin de semana. Según la denuncia, el personal de seguridad había montado una “barricada” con sillones frente al ingreso y, al intentar franquearla, se produjo un forcejeo en el que López resultó herida.
La gravedad de las agresiones quedó asentada en un informe oficial del cuerpo médico del Senado. El doctor Gustavo Apreda constató las lesiones físicas de la legisladora, describiendo en su reporte un “hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm”, además de registrar dolores internos en el brazo derecho. Con esta certificación médica, López formalizó la acusación en la justicia contra los agentes involucrados.
El conflicto tiene un trasfondo político inmediato: el viernes pasado, López juró su cargo invocando a los 30.000 desaparecidos en dictadura, un gesto que, presume, habría detonado la reacción de la titular del Senado. Según la reconstrucción de los hechos aportada por la senadora, Villarruel aprovechó que la oficina estaba vacía para ingresar personalmente, cambiar la cerradura, colocar una faja de clausura en la puerta y retirar la placa identificatoria de la legisladora, una maniobra que López calificó como un “ataque de extrema gravedad institucional”.
“Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante”, advirtió López tras el episodio, alertando sobre la peligrosidad del mensaje para la democracia. La senadora fueguina sostuvo que “los dueños del Senado son los senadores, no la vicepresidenta” y remarcó que ninguna autoridad administrativa tiene la potestad de impedir que un legislador electo acceda a su espacio de trabajo.
La disputa por el despacho histórico y la “intrusión” de la Vicepresidenta
La controversia gira en torno a la asignación de la oficina que pertenecía al senador saliente por Salta, Sergio Leavy. Ambos legisladores, que comparten espacio político, habían acordado el traspaso de ese despacho (históricamente utilizado por representantes fueguinos) para que López y su equipo continuaran trabajando allí. Esta decisión había sido comunicada formalmente a la Presidencia del Senado por el interbloque de Unión por la Patria, siguiendo los usos y costumbres habituales de la Cámara, sin que se registraran inconvenientes similares con otros senadores en situaciones idénticas.
Sin embargo, el trato fue diferente en este caso. Testimonios de jefes de seguridad, que habrían dialogado con la senadora Juliana Di Tullio, confirmaron que fue la propia Victoria Villarruel quien ingresó al despacho el viernes para ejecutar el desalojo. López denunció la arbitrariedad de la medida, señalando que es la única oficina que amaneció fajada y con la cerradura cambiada, a pesar de que existen múltiples acuerdos de traspaso entre legisladores del oficialismo y la oposición.
Ante el silencio de Villarruel, quien no respondió llamados ni mensajes durante el fin de semana, López decidió actuar este lunes por la fuerza pública para recuperar sus herramientas de trabajo, lo que derivó en la agresión. “Que la vicepresidenta ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador es una violación a la autonomía del Poder Legislativo”, sentenció la senadora, quien ahora espera que la justicia avance sobre las responsabilidades penales del personal de seguridad y las órdenes políticas detrás del operativo.
Fuente: diario Perfil
