Malvinas: la farsa electoral del enclave colonial británico
La población implantada en las islas elegirá una nueva legislatura. Un acto que consolida la administración ilegítima de un territorio argentino usurpado, que debate la explotación económica y la gestión de recursos.
El próximo jueves 11 de diciembre se desarrollará en las Islas Malvinas argentinas un proceso electoral que pretende dotar de una pátina de legitimidad a la anacrónica de ocupación colonial.
Diecinueve candidatos, todos miembros de la población británica trasplantada, competirán por los ocho escaños de la autodenominada Asamblea Legislativa. El brazo legislativo de un gobierno ilegítimo que administra, en contra del derecho internacional y los reclamos argentinos, un territorio nacional soberano usurpado.
La mecánica electoral es precisa. Quince postulantes, incluidos varios en busca de la reelección como Peter Biggs, Mark Pollard, Gavin Short, Roger Spink y Leona Vidal, disputarán las cinco bancas correspondientes a la capital de la colonia; y otros cuatro, entre ellos Jack Ford que busca reelección, contenderán por las tres representaciones del sector rural conocida como “Camp”.
El sistema, con su voto móvil para zonas remotas, simula la normalidad democrática de una comunidad que apela al derecho a la autodeterminación, un principio que es inaplicable sobre una población implantada, para consolidar una ocupación.
La campaña electoral, sin embargo, desnuda la verdadera naturaleza de este enclave. Los medios locales, como el semanario Penguin News, recogieron las preocupaciones de los votantes, y en ninguna de ellas se vislumbra la más mínima inquietud por la ilegitimidad de su estatus. El debate público gira exclusivamente en torno a la economía, el poder y la explotación de los recursos naturales. Se sienten tan seguros en su posesión que sus ansiedades son puramente domésticas y estrictamente económicas.
Para Phoebe Reid, el tema urgente es la vivienda y el alto costo de vida. Emily Gilbert, por su parte, centra sus prioridades en la sostenibilidad financiera y la regulación de industrias extractivas. Advierte sobre las deudas, la incertidumbre de la vergonzosa pesca del calamar loligo y la futura explotación petrolera, exigiendo que los beneficios se administren con eficacia. Su discurso, aunque técnico, revela la ansiedad de quien ve amenazada la gallina de los huevos de oro.
La queja de Sam Cockwell apunta a la “falta de liderazgo” y la opacidad en la gobernanza. Reclama saber cómo votan sus representantes, una demanda de transparencia que resulta cínica cuando se ejerce en el marco de una administración que opaca la soberanía original de la nación argentina.
Mientras, Alisa Heathman pide un “shock de realismo” financiero, admitiendo con crudeza que los ingresos por pesca ya no alcanzan para cubrir la nómina gubernamental. “Estamos en una situación muy riesgosa”, afirma, preocupada por la viabilidad económica del proyecto colonial.
Raymond y Nancy Poole se muestran alarmados por la degradación de los suelos, una preocupación ecológica que pierde toda cualidad moral cuando se ejerce sobre una tierra de la que se es ocupante. Finalmente, Norman Clark cuestiona los crecientes costos médicos, completando un cuadro de intereses puramente materialistas.
Esta elección no es un paso hacia la autodeterminación, sino la puesta en escena de una comunidad que discute cómo perpetuar y optimizar el usufructo de un territorio robado. Su seguridad y su prosperidad se construyen sobre el despojo de la integridad territorial argentina.
Mientras en las urnas se decide la gestión de lo ajeno, la Argentina de Milei mantiene tibiamente el reclamo, sobre su derecho soberano en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Así, el acto del 11 de diciembre en Malvinas, será en esencia; la expresión prepotente de la una colonia implantada, y no la expresión de un gobierno legitimado por su pueblo.
